Petición dirigida al Ministro de Justicia de España

Esta Petición se eleva ante el
Ministro de Justicia del Reino de España

Excmo. Sr. D. Alberto Ruiz-Gallardón Jiménez:

El pasado 9 de Mayo se cumplieron seis años de la intervención judicial de Afinsa Bienes Tangibles, S.A. compañía especializada en el sector de inversión en Bienes Tangibles y de Colección.

Resultaría imposible trasladar a su Excelencia, en tan solo unas líneas, la ruina personal y patrimonial que esta injusta y desafortunada intervención ha acarreado a todos aquellos que, de una u otra forma, hemos resultado directamente perjudicados a causa de la misma, y la magnitud del expolio que se ha cometido al incautar nuestras inversiones filatélicas tras paralizar la actividad de la compañía.

A día de hoy, una vez conocidas las últimas resoluciones dictadas por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, resulta evidente que se han venido abajo todas las acusaciones que derivaron en la intervención y posterior suspensión cautelar de las actividades comerciales de Afinsa, forzando con ello al incumplimiento de todos los compromisos suscritos por la compañía, mediante contrato mercantil, con sus más de ciento noventa mil clientes.

Sin embargo, en lo que aparenta ser un incomprensible quebrantamiento de la unidad jurisdiccional, que debe prevalecer en todo Estado de Derecho, las referidas resoluciones, dictadas por el más Alto Tribunal, no parecieran sino formar parte de una dispar e inconexa secuencia de sentencias que no nos lleva a ninguna parte y que, muy al contrario de lo que debiera ser, nos tiene atrapados en un laberinto jurídico en el que no confluyen, sino que divergen, las actuaciones de los diferentes órganos jurisdiccionales, con el resultado de un interminable impasse de los procedimientos en curso, al que los miles de perjudicados no vemos próximo su final.

Excelencia, señor, la justicia cuando es lenta, no es justicia. Una instrucción que se está prolongando demasiado en el tiempo está impidiendo que sea la propia justicia, derivada de la actuación de los jueces la que actúe, de una vez por todas, arrojando luz a todo este turbio asunto mediante pronunciamiento y veredicto judicial.

En este lamentable estado de cosas, que podría considerarse como manifiesta indefensión jurídica, el pasado 24 de Abril de 2012, representantes de varias asociaciones de clientes perjudicados por la intervención remitieron copia de un escrito, redactado en similares términos al contenido de la Petición que ahora elevamos ante su Excelencia, a D. Eduardo Torres-Dulce Lifante, Fiscal General del Estado, solicitando ser recibidas y escuchadas, de manera que pudiéramos darle traslado de cual es la auténtica realidad del infierno que estamos viviendo sin que, hasta la fecha, se haya producido respuesta alguna por parte de su Ilustrísima.