Restitución de los Portones del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico

A todas las autoridades pertinentes:

Durante la madrugada del lunes, 6 de diciembre de 2010 se llevó a cabo la remoción de los portones de acceso del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR), por orden administrativa de la Rectora, Ana M. Guadalupe. Quienes suscribimos este documento entendemos que dicho acto radical tiene graves implicaciones para todos aquellos que asisten al plantel, para la Institución y para el pueblo de Puerto Rico en general. Con sus portones bien puestos, el Recinto de Río Piedras de la UPR tiene un historial precario de seguridad, al igual que la zona urbana donde está ubicado.

Según las estadísticas de la Policía de Puerto Rico, para el 2009, en el precinto de Río Piedras, se reportó un total de 1,667 delitos tipo 1, siendo el segundo con mayor incidencia en San Juan para ese año. Correlacionado con este hecho, la División de Seguridad y Manejo de Riesgos del Recinto de Río Piedras, informó un total de 337 crímenes reportados para el 2009. Entre éstos, se encuentran 28 hurtos de autos, 22 agresiones agravadas, 12 escalamientos, 168 apropiaciones ilegales y 1 secuestro. Para el presente año, aunque todavía no hay estadísticas disponibles, las alertas de seguridad que emite el Recinto en su página web indican al menos 7 hurtos de vehículos de motor, 6 robos mediante amenazas (ya sea con armas de fuego o blancas) y 10 apropiaciones ilegales. Hay que destacar que estas cifras no reflejan el número real de sucesos, ya que no todos se reportan o incluyen dentro de las estadísticas o avisos de alerta. Muestra de estos hechos fue lo sucedido el pasado mes de agosto, cuando no se informó adecuadamente sobre un caso de agresión sexual contra una profesora en el Recinto.

Actualmente, el Recinto de Río Piedras cuenta con una matrícula de 15,746 estudiantes, y su número correlativo de profesores y empleados. Remover los portones de la Universidad implica poner en peligro y amenaza los bienes y la integridad física de todos aquellos que por deseo, vocación, oficio y/o necesidad se encuentran dentro del campus universitario. Entendemos que no se cuenta con la seguridad necesaria para proteger a la comunidad académica, ni a la Institución. Además, nos oponemos a gastos excesivos en compañías de seguridad, como producto de un acto innecesario e irresponsable.

Dentro del campus universitario, se encuentran hospedados alrededor de 400 estudiantes, entre los cuales se encuentran extranjeros con visas de estudio. La eliminación de los portones amenaza directamente a todos estos estudiantes, su calidad de vida, sus bienes y, potencialmente, su integridad física. Este estudiantado tiene un contrato con la Universidad para su alojamiento en las residencias dentro del campus. Además, pagan renta, por lo que no merecen ser dejados a la merced de la criminalidad actual, menos aún sin un motivo claro y contundente.

La propuesta de "open campus" que formula la administración universitaria supone "abrir la universidad a la comunidad" y "mantener la universidad abierta". Sin embargo, no existe plan de vinculación comunitaria, ni siquiera utilizando los vínculos ya existentes con la comunidad de Río Piedras, como son por ejemplo, CAUCE o Casa Rosa. Además, dicha "apertura" de ninguna manera evita la posible paralización académica o administrativa a causa de un paro o huelga estudiantil. Este factor queda aún más claro al tomar como ejemplo la paralización de facultades como las de Ciencias Sociales, Educación o Humanidades. En estas tomas, la falta de un cerco o portón no implicó que no se lograran paralizar las labores.

La exposición de los campus de los recintos de la UPR, mediante la remoción de los portones, no implica ganancia económica, académica, investigativa o de calidad de vida para la comunidad universitaria. Al contrario, amenaza de forma radical a todos sus integrantes y a la Institución misma. Los escalamientos y hurtos en laboratorios o planteles universitarios, no solamente agravan la crisis fiscal de la Universidad, sino que implican gasto del dinero de los contribuyentes puertorriqueños. La remoción de los portones implica poner innecesariamente en peligro, tanto a la misma Institución que se pretende proteger "abriéndola", como al esfuerzo de todos los puertorriqueños responsables que pagan sus contribuciones al Estado. Este es un acto sumamente negligente desde cualquier punto de vista, ya sea administrativo, académico o moral.