En Defensa De Los Derechos Humanos Y En Pro De Una Democracia Pluralista Para Bolivia

Con mucha preocupación hemos recibido múltiples denuncias sobre los hechos de violencia ocurridos en el Oriente de Bolivia que han cobrado la vida de una treintena de ciudadanos y amenazan la unidad del país. Son también alarmantes las informaciones recibidas sobre agresiones perpetradas contra defensores de Derechos Humanos y dirigentes indígenas en los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija y la destrucción de sus oficinas, como los enfrentamientos en barrios marginales de las capitales del Oriente.

En las últimas horas tomamos conocimiento de la muerte de ciudadanos bolivianos en el departamento amazónico de Pando en enfrentamientos armados. Se conocieron las denuncias de tomas violentas y destrucción de oficinas públicas en varias ciudades del Oriente de Bolivia, la empresa de teléfonos del Estado Entel, la toma de las instalaciones de provisión de combustible (gas y petróleo), el bloqueo de carreteras, el asalto a mercados populares, enfrentamientos armados en los barrios populosos Villa 1º de Mayo y Plan 3.000, persecución de quienes estas prefecturas consideran sus "enemigos", toma de oficinas públicas en Trinidad, capital de Beni, así como el asalto y destrucción de las
oficinas de organizaciones defensoras de los Derechos Humanos y los derechos de los pueblos indígenas de esas regiones, tales como el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS) y el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA). Asimismo, fueron tomadas y saqueadas las oficinas de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) y la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC). Estas acciones han estado acompañadas de amenazas y agresiones a funcionarios, dirigentes y sus familias.

Con indignación recibimos la información de que fue asaltada y totalmente destruida la repetidora del canal 7 de Televisión Boliviana (TVB) en Santa Cruz, cuya señal está interrumpida hasta ahora. Con asombro hemos conocido que los principales medios de comunicación populares y alternativos debieron ser cerrados ante las amenazas de destrucción formuladas por grupos de choque obedientes a las prefecturas y los comités cívicos.

Con alarma y zozobra hemos visto y leído que estos actos de violencia fueron promovidos, secundados y públicamente justificados por autoridades regionales del Oriente boliviano, legal y constitucionalmente responsables de garantizar la vigencia plena de los derechos fundamentales de las personas en las regiones aludidas,
amenazando, además, con nuevos hechos de violencia.

Expresamos nuestro más absoluto repudio a que ciudadanos bolivianos defensores de derechos humanos y dirigentes indígenas se encuentren en completo estado de indefensión y tengan que declararse en la clandestinidad, en un régimen democrático, por defender sus derechos.

Hacemos un llamado a las autoridades que promueven estos hechos para que depongan sus actitudes violentas y asuman sus responsabilidades constitucionales y legales que les corresponden, garantizando los derechos humanos del conjunto de la ciudadanía.

Inquieta a la comunidad internacional que actúen con impunidad los autores y cómplices de estos atentados. Manifestamos nuestro temor por el derecho a la vida y la integridad personal de las víctimas de estos atentados planificados.

Como instituciones y personas interesadas en la protección y defensa de los Derechos Humanos, solicitamos al Gobierno Nacional y a las autoridades departamentales y municipales del Estado boliviano dar aplicación estricta a los instrumentos nacionales e internacionales de Derechos Humanos.

Exigimos la entrada en vigencia de los instrumentos legales internacionales a los que el Estado de Bolivia está suscrito, ante esta ola de conflictos que han cobrado la vida de conciudadanos y la destrucción de bienes nacionales y de organizaciones defensoras de los derechos humanos y de los pueblos indígenas y campesinos. Exhortamos respetuosamente a las autoridades constituidas a cumplir las siguientes acciones:

1. Instar a las autoridades nacionales y regionales a que convoquen el cese de toda actitud de violencia contra las personas y los bienes públicos y privados.

2. Garantizar el derecho a la vida e integridad personal, a la libertad de asociación, al trabajo, al libre pensamiento y expresión.

3. Adoptar de manera urgente todas las medidas de protección necesarias y adecuadas para garantizar la vida e integridad de las víctimas de estos nefastos acontecimientos.

4. Investigar las agresiones violentas perpetradas contra las víctimas y procesar penalmente a todos los implicados como autores intelectuales, materiales, cómplices o instigadores de estas acciones, especialmente a las autoridades públicas y a los representantes y miembros de organizaciones gremiales y cívicas que pudieran estar
involucrados.

5. Asumir acciones efectivas, por parte de las autoridades del Estado, para prevenir nuevas violaciones de Derechos Humanos en el Oriente boliviano, tales como resguardos policiales eficientes, protección a las sedes de trabajo y otras en el marco de sus competencias.

La comunidad internacional estará atenta al curso de los acontecimientos, especialmente en el Oriente boliviano.